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En trámite de Consulta Pública la futura regulación del trabajo mediante plataformas digitales

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De conformidad con lo previsto en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a consulta pública previa la elaboración del proyecto normativo sobre las condiciones laborales para las personas trabajadoras en plataformas digitales.

Existen numerosas sentencias, entre otras, la STSJ Asturias de 25 de julio de 2019, que ponen de manifiesto la necesidad de una solución definitiva respecto al uso de plataformas que, a pesar de comprender supuestos diferentes, pueden agruparse conforme a unas notas básicas que constituyen su común denominador, el concepto del “soft control”.

En paralelo al ordenamiento jurídico interno,  la Comisión Europea ha iniciado en junio de 2020 una consulta pública sobre la Ley de Servicios Digitales en donde además del objetivo de garantizar la seguridad en la prestación de los servicios, la Comisión ha aprovechado la oportunidad para celebrar consultas sobre otras cuestiones emergentes relacionadas con las plataformas en línea, por ejemplo, las oportunidades y los desafíos que enfrentan los trabajadores autónomos en la prestación de servicios a través de plataformas en línea. 

El trámite de consulta pública previa a elaborar el proyecto normativo para modificar el Estatuto de los Trabajadores, y el Estatuto del trabajo autónomo, sobre determinados aspectos de la prestación de trabajo por cuenta propia y ajena del trabajo a través de plataformas, durará hasta el día 22 de junio de 2020, y pretende proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno de las plataforma digitales aclarando las notas de laboralidad y distinguiendo lo accesorio o instrumental- el uso de los medios tecnológicos- de lo esencial- la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa, evitando el uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias, con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para las personas trabajadoras afectadas.

Esto permitirá igualmente diferenciar el régimen jurídico de situaciones que tienen como único denominador común el uso de plataformas o medios digitales, pero en las que concurren aspectos esenciales diferenciados, potenciando un uso seguro de las nuevas tecnologías como fórmulas flexibles de prestación del trabajo por cuenta propia, con el valor añadido de una descentralización productiva eficiente y cualificada que se encuentra en la base misma de desarrollo de trabajos susceptibles de ser desempeñados en régimen de autonomía, y que no es posible asumir por parte de las empresas. 

Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma

El uso de medios tecnológicos o digitales no puede desvirtuar la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.

Por esta razón es necesario distinguir entre las empresas tecnológicas que se limitan a propiciar un punto de encuentro entre demandantes y ofertantes de un servicio, sin intervención alguna en las condiciones o términos de dicho encuentro, o los profesionales que en el ejercicio de su prestación autónoma desempeñan su actividad a través de medios tecnológicos sin necesidad de apoyarse en elementos estructurales complejos, y los modelos de negocio representados por otro tipo de empresas, que prestan servicios a terceros con arreglo a unas condiciones específicas.

Hay que partir, por tanto, de una premisa fundamental para adoptar una decisión equilibrada y es que los nuevos modelos de negocio online deben estar sometido a las mismas reglas que los modelos de negocio clásico, lo que podríamos denominar como equiparación entre los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.

De ahí la necesidad de articular de manera segura y con las certezas necesarias para los distintos sujetos implicados, una realidad económica nueva que debe garantizar la protección de quienes son trabajadores, aun cuando puedan prestar servicios de un modo que se aparta del tradicional -trabajo esporádico o intermitente, sin un lugar físico determinado, sin jornada ni horario prestablecido, con una retribución por hora de trabajo-, pero que están o pueden estar sometidos al control de la prestación, a un poder informático y tecnológico de nivel superior sobre los procesos y los resultados. 

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